Desde hace más de una década existe en Venezuela una gran dificultad para conseguir que el gobierno divulgue información pública de interés. Esto se debe a varias razones. La principal es que los funcionarios públicos o entes asociados a dependencias públicas no cumplen con las leyes fundamentales que contemplan el derecho de los ciudadanos a estar informados a través de la publicación de información de interés público manejada por el gobierno. Además, existe desconocimiento por parte de la sociedad civil sobre cómo realizar solicitudes, denuncias o reclamos. A esto se suma que la respuesta de los organismos oficiales sobre cualquier requerimiento de información pública suele ser negativa o simplemente inexistente.
En este escenario, dado que se nos impide acceder a la información pública a la que tenemos derecho como ciudadanos, queda el recurso a las instancias internacionales de las que forma parte nuestro país, como las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional o el Centro por la justicia y el derecho internacional. La puesta en práctica de las denuncias se hace a través de los convenios, pactos, protocolos o acuerdos entre países, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
¿Cómo proceder ante una violación del derecho a la información?
Desde la Fundación EsLaRed nos hemos propuesto dar apoyo a organizaciones civiles e individuos sobre cómo proceder cuando ocurre una violación del derecho a la información. Lo hacemos a través del proyecto “Auditoría Social, como una estrategia para un cambio transformador de la sociedad, a través de las tecnologías digitales, para determinar la violación del acceso a la información pública en Venezuela”, desarrollado con apoyo de APC. Como parte de este trabajo ofrecemos una guía de implementación de una auditoría social para evaluar el acceso a la información pública a través de la web, cuyos pasos se muestran en la figura 1.
El proyecto realizado contiene en un primer nivel el Diagnóstico sobre la vulneración del derecho de acceso a la IP por parte del sector gubernamental en Venezuela. En un segundo nivel se realiza un Análisis Situacional sobre la vulneración de este derecho de acceso a la IP en Venezuela, y se establece el impacto del uso de las tecnologías digitales para facilitar la defensa de estos derechos, ya que las interacciones se harán a través de la web y con recursos de internet. El tercer nivel contiene la guía mencionada anteriormente, que muestra los pasos que se deben seguir para realizar una solicitud, reclamo o denuncia sobre algún caso de denegación de acceso a la información de interés público.
El progreso y éxito de la estrategia a seguir en la propuesta depende del empeño de los lideres de comunidades civiles, ONGs, organizaciones de la comunicación social y particulares interesados en ejercer un derecho existente en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público.
Esta propuesta busca contribuir a conocer los procesos que se deben seguir para realizar con éxito una solicitud o denuncia sobre problemas de acceso a la IP. Aunque se centra en Venezuela, puede ser una experiencia replicable o que inspire a otros países. Desde esLaRed estamos interesados en propuestas, intercambios y colaboraciones que permitan explorar soluciones conjuntas a través del estudio de casos comunes, para seguir ofreciendo respuestas a los problemas de acceso al derecho universal a la información pública.
Edmundo Vitale es el Gerente General de la Fundación Escuela Latinoamericana de Redes (EsLaRed), organización miembro de la red APC.