Derechos Digitales es una organización sin fines de lucro, miembro de la red APC, que se ha dedicado durante veinte años a defender, promover y fortalecer los derechos humanos en el entorno digital en América Latina. A través de la investigación, la difusión de información y la incidencia en políticas públicas, esta organización busca generar cambios que garanticen el respeto y la dignidad de todas las personas en el entorno digital. Su equipo está compuesto por especialistas en tecnología, ciencias sociales, derecho y comunicación, provenientes de más de diez países de la región. Desde APC hemos hablado con miembros del equipo de Derechos Digitales para entender dónde están, qué ha cambiado en estos veinte años y cómo abordan el futuro.
Han cambiado muchas cosas desde que empezaron a trabajar en internet con enfoque de derechos humanos. ¿Qué cambios destacarían como los más cruciales?
Derechos Digitales: Ha habido muchos cambios significativos desde que comenzamos a trabajar en internet con un enfoque en derechos humanos. Desde 2005, varias plataformas y redes sociales que hoy son esenciales no existían o no eran tan populares. La transmisión de audio y video estaba en sus inicios. Para ponerlo en perspectiva, ¡YouTube nació el mismo año que Derechos Digitales!
En aquel entonces, el acceso a internet se realizaba principalmente a través de computadoras de escritorio y las actividades online se centraban en sitios web y blogs, no en redes sociales. Internet se veía como un medio para democratizar el acceso a la comunicación, la cultura y el conocimiento.
Nuestro enfoque principal era promover ese acceso universal, incluso a través de licencias libres o abiertas, como las Creative Commons, que en Derechos Digitales ayudamos a traducir y adaptar para Chile. Hoy, seguimos defendiendo estos derechos, pero uno de los cambios más notables ha sido la concentración de los servicios populares para la creación y acceso a contenidos en unas pocas empresas poderosas. Además, la intervención de los gobiernos en el uso de estas tecnologías para fines cuestionables ha introducido nuevos temas críticos relacionados con la privacidad y la responsabilidad de las empresas tecnológicas en materia de derechos humanos y crisis climática.
En su web destacan que trabajan para impulsar la voz de América Latina en los debates globales sobre políticas tecnológicas. ¿En qué punto está esa cuestión, en cuanto a avances o retrocesos?
Derechos Digitales: Se suele decir que América Latina es más consumidora que productora de tecnologías. Sin embargo, esta visión omite la amplia diversidad de iniciativas de producción tecnológica y un historial de profunda reflexión crítica sobre el papel de la tecnología en la sociedad. En los foros internacionales en los que participamos, es evidente la madurez de la sociedad civil de nuestra región en temas de tecnología y su interrelación con los derechos humanos. Somos líderes en varios aspectos, incluyendo nuestros análisis sobre los impactos de la inteligencia artificial y el colonialismo de datos, entre otros temas clave. Sin embargo, este liderazgo frecuentemente es invisibilizado ya que la representación en los foros de decisión internacionales sigue siendo desigual.
Existen barreras significativas para la participación y una disposición desigual por parte de estados y empresas para atender nuestras preocupaciones. Adicionalmente, muchas de las iniciativas mencionadas luchan por mantener su sostenibilidad. Desde nuestro rol como organización regional buscamos apoyar esas iniciativas y buscar visibilizarlas de modo a que las discusiones y decisiones globales sobre tecnologías tomen en cuenta nuestra producción, opinión y, en síntesis, nuestra diversa y rica realidad.
Su serie “Latin America in a Glimpse” ha ofrecido durante más de una década una mirada profunda sobre las tendencias y desafíos de internet en la región. Qué destacaría de la serie en este momento que atravesamos?
Derechos Digitales: "Latin America in a Glimpse" ha sido una publicación importante para la consolidación de una mirada a nuestra región desde nuestra región. No solo registramos las tendencias y desafíos, pero también buscamos hacer visibles iniciativas pioneras de nuestra región en materia de infraestructuras feministas y, en su número más reciente de 2024, lanzamos una nueva edición del Glimpse enfocada en reflexionar sobre como los movimientos sociales y los activismos en nuestra región están pensando, usando y desarrollando inteligencia artificial.
También creemos que es importante destacar que se trata de una mirada profunda pero que es muy distinta en cada edición. La publicación misma ha evolucionado y se ha adaptado a nuevas inquietudes y contextos, renovando el enfoque sobre las iniciativas que destacamos. Queremos que el Glimpse siga siendo una herramienta clave para fortalecer el movimiento de derechos digitales en América Latina y potenciarlo a nivel global.
Derechos Digitales pone énfasis en incorporar una perspectiva de género en todas sus estrategias e iniciativas. Cuéntennos más sobre esta cuestión y cómo ha ido cambiando o evolucionando en estos 20 años.
Derechos Digitales: Al igual que muchos movimientos y organizaciones, Derechos Digitales no comenzó inicialmente con un enfoque de género explícito, aunque siempre ha estado comprometido profundamente con la garantía de derechos para todas las personas. La creciente participación de mujeres y personas LGBTQIA+ en la organización, que ha evolucionado hacia una gestión compartida con múltiples liderazgos femeninos, ha enriquecido nuestra comprensión sobre la necesidad de adoptar una perspectiva diferenciada que aborde los impactos específicos de las tecnologías y las políticas de gobiernos y empresas. Además, el diálogo con organizaciones aliadas y redes como APC ha sido fundamental para desarrollar una visión de los derechos digitales anclada firmemente en una perspectiva interseccional de género.
Esta evolución no solo ha sido un cambio interno, sino también estratégico: incorporar un enfoque de género nos ha llevado a repensar nuestras prioridades, el lenguaje utilizado y nuestras alianzas, permitiéndonos abordar con mayor precisión fenómenos como la violencia digital, la vigilancia patriarcal y las brechas estructurales en el acceso y participación tecnológica. Hoy en día, esta perspectiva interseccional permea no solo nuestras investigaciones y campañas, sino también nuestra gobernanza, nuestras metodologías de trabajo y nuestra forma de colaborar en la región.
APC y Derechos Digitales tienen una relación larga y fructífera. ¿Recuerdan algún ejemplo particuarlmente útil o relevante de esta colaboración?
Derechos Digitales: La colaboración entre Derechos Digitales y APC ha sido clave para fortalecer la agenda de derechos digitales en América Latina y proyectarla a nivel global. Un ejemplo histórico de esta alianza es el trabajo que vincula los derechos económicos, sociales y culturales con la promoción de la conectividad y con nuestra agenda más amplia de derechos humanos. Un caso particularmente relevante y actual es el esfuerzo conjunto en los Exámenes Periódicos Universales (EPU) de Naciones Unidas, en los que hemos presentado informes sobre países como Chile, Brasil y Ecuador, visibilizando violaciones a los derechos humanos en entornos digitales y proponiendo recomendaciones concretas en temas de acceso, vigilancia y libertad de expresión.
Además, ha sido clave nuestra articulación en torno al Pacto Digital Mundial, donde hemos promovido principios feministas y propuestas centradas en derechos humanos desde una perspectiva del Sur global. Estas colaboraciones no solo han fortalecido nuestras capacidades como organización, sino que también han facilitado una participación más efectiva de la sociedad civil latinoamericana en espacios multilaterales, aportando una voz crítica, experta y diversa en debates en los que tradicionalmente hemos estado subrepresentadas.
Si pudieran ofrecer una recomendación a un grupo que comienza ahora su camino en la intresección entre tecnología y derechos humanos, ¿cuál sería?
Derechos Digitales: Desde Derechos Digitales, si tuviéramos que ofrecer un consejo a un grupo que está comenzando su camino en la intersección entre tecnología y derechos humanos, diríamos que es fundamental no perder de vista el marco de los derechos humanos en todas sus acciones. Es esencial entender que la tecnología no es neutral, pero es una herramienta poderosa que puede ser usada tanto para mejorar vidas como para infringir derechos. Por ello, nuestra recomendación es mantener un enfoque crítico y cuestionador, asegurándose de que las intervenciones tecnológicas respeten y promuevan la dignidad humana y la justicia social.
También, es importante estar alerta sobre el riesgo de la cooptación discursiva: hoy vemos cómo sectores antiderechos intentan apropiarse del lenguaje de la libertad para promover agendas regresivas. Hacemos un llamado también a no caer en las trampas de polarización, sin por ello renunciar a posicionamientos firmes.
Finalmente, subrayamos que la colaboración y el aprendizaje mutuo son esenciales. La cooperación entre organizaciones y activistas enriquece el trabajo y fortalece nuestras capacidades para enfrentar desafíos comunes.
¿Cuál es el rol de las Big Tech en el avance del autoritarismo y cómo podemos hacer frente a esta tendencia?
Derechos Digitales: Aunque culpar a las Big Tech por el avance del autoritarismo puede parecer una salida fácil, sería ingenuo ignorar el rol estructural que desempeñan. Es innegable que estas compañías tienen un impacto significativo: actúan como amplificadores ideológicos, a menudo alineadas con líderes autoritarios, ya sea por omisión, por decisiones algorítmicas opacas o por modelos de negocio que privilegian la polarización. Además, poseen un control significativo sobre la información que circula en sus plataformas, lo cual puede distorsionar el debate público y reforzar regímenes y prácticas autoritarias.
Para contrarrestar esto, es esencial implementar legislaciones que aseguren que estas corporaciones operen de manera que prioricen los derechos humanos y la democracia, más allá de sus intereses comerciales, como también reforzar públicamente la responsabilidad de las empresas ya no con sus accionistas, sino con sus usuarios/as. Se puede profundizar más sobre este tema en nuestra columna semanal.